2021, año más violento para ambientalistas
Con 25 ambientalistas asesinados y 238 agresiones, el 2021 se convirtió en el año más violento en el País para los defensores del medio ambiente y del territorio, de acuerdo con los registros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
El año pasado se registraron siete homicidios más que en el 2020 y el número de agresiones creció casi 165 por ciento, señala el informe anual que elabora la organización sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
Gustavo Alanís Ortega, presidente del Cemda, resaltó que durante la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 58 ambientalistas.
«Es altamente insostenible, al igual que lo que ha venido sucediendo con los periodistas en nuestro País», advirtió al presentar el reporte.
Rodrigo Morales Vázquez fue uno de los activistas silenciados el año pasado en Cuernavaca, Morelos, donde se oponía a la reapertura del relleno sanitario de Loma de Mejía. El 2 de septiembre fue asesinado con armas de fuego.
Su hijo, Luis Morales, denunció en conferencia de prensa que no hay avances en la fiscalía en el esclarecimiento del hecho.
«Es triste, pero nosotros seguimos con su proyecto, seguimos con los centros de acopio en Cuernavaca: nosotros recolectamos los residuos sólidos de toda la gente de Cuernavaca. Es gratis, sin apoyo del Gobierno, como lo hacía mi papá», contó.
Según el informe, el tipo de agresión en 2021 más común fue la intimidación, seguida por las amenazas, agresiones físicas y homicidios.
El Gobierno, en sus tres órdenes, es el principal agresor identificado en el reporte; se indica que tuvo una probable participación en el 41.7 por ciento del total de agresiones. Se colocó por segundo año consecutivo como el agente con mayor concurrencia.
Se vinculó al crimen organizado con el 8.3 por ciento de las agresiones, mientras que empresas privadas están ligadas con el 5.6 por ciento.
Casi la mitad de las agresiones estuvieron dirigidas a miembros de comunidades indígenas. En segundo puesto se ubicaron los integrantes de organizaciones de la sociedad civil y, en tercero, defensores independientes.
La entidad con más asesinatos fue Oaxaca, pues ahí se contabilizaron ocho homicidios, entre ellas dos probables ejecuciones extrajudiciales.
En el estado destaca la violencia que rodea a Paso de la Reina, comunidad de personas chatinas, mixtecas y afromexicanas que se opone a la construcción de una central hidroeléctrica en la cuenca del río Verde. Los ocho asesinatos en la entidad ocurrieron en el marco de tal conflicto.
Guerrero, Sonora y Morelos son las entidades que siguen en cuanto a homicidios.
La minería fue el sector relacionado con más agresiones. Por detrás se colocaron el hídrico, el de energía eléctrica, el de vías de comunicación y el forestal.
Alanís Ortega urgió acabar con la impunidad que impera en los delitos cometidos contra los defensores, construir una política pública integral de protección para este tipo de activistas, fortalecer con recursos y personal el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como implementar el Acuerdo de Escazú.
«Somos de la idea de que necesitamos un México donde realmente existan garantías efectivas para poder proteger y respetar los derechos humanos ambientales», destacó