Expertos de la ONU piden revertir reforma de GN y no aprobar iniciativa sobre Ejército
Expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exhortaron a México a revertir la reforma que pasó la Guardia Nacional a la manos de la SEDENA y a no aprobar la iniciativa que extiende la participación del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028.
Denunciaron que consolida la militarización de la seguridad pública en México y desmantela a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “que es la única institución de seguridad pública civil a nivel federal”.
De acuerdo con el grupo, sienta un precedente que autorizaría a las Fuerzas Armadas a abiertamente desobedecer la constitución y expresaron preocupación porque tiene como objetivo que ocupen un papel prominente y permanente en el país.
Asimismo, apuntaron que incrementa significativamente el poder de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), sin que haya controles civiles o una disposición sobre mecanismos para controlar el poder que se le está otorgando.
Además, subrayaron que podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones de derechos humanos, ya que afirmaron que la tasa de impunidad en lasFuerzas Armadas se mantiene en “niveles preocupantes”en México.
Los expertos también afirmaron que significa un ataque en contra del principio de supremacía constitucional, porque se pretende contravenir la Constitución a través de la reforma a leyes de menor jerarquía.
Por último, afirmaron que las reformas legislativas han sido impulsadas en detrimento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.
Por lo tanto, hicieron un llamado al Gobierno a tomar las medidas necesarias para revertir las reformas legislativas y no aprobar la iniciativa, fortalecer las instituciones civiles de seguridad y adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
El documento está firmado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Las recientes reformas impulsadas en el país han suscitado críticas por diversas organizaciones nacionales e internacionales que han señalado que se trata de una profundización de la militarización.
El pasado 8 de septiembre, el Senado aprobó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional, medida que también ha sido calificada como militarización e inconstitucional.
Asimismo, se turnó al Senado una propuesta de reforma al artículo Quinto Transitorio de la Constitución, que permitiría que el Ejército se mantenga involucrado en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028.
Este martes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció durante la conferencia de prensa matutina que se realizará un ejercicio participativo sobre ambas reformas e informó se llevará a cabo el 22 de enero de 2023.
Los mecanismos internacionales de DDHH han señalado que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes.
Asimismo, desde 1998, diversos organismos de la ONU han emitido más de 30 recomendaciones al Estado mexicano para que abandone la militarización con el fin de prevenir violaciones a Derechos Humanos y desapariciones forzadas. Todas han sido aceptadas por el país.
Igualmente, varios mandatos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el creciente papel de las Fuerzas Armadas y la ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha destacado en varias sentencias contra México que la alta presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar un riesgo para los derechos humanos.