‘México, listo para defender a migrantes de deportaciones’
CIUDAD DE MÉXICO
El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, afirmó que el gobierno se encuentra listo para defender a los migrantes mexicanos que puedan ser víctimas de las “deportaciones masivas” que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a partir de estos próximos días.
En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, recordó que a través de los 50 consulados ubicados en la unión americana se pone a disposición una defensa legal para cada uno de los connacionales que así lo requiera.
“Y ya analizamos todos los medios legales que tenemos, como usted sabe hay muy diferentes derechos y vías legales para defender, en cada caso porque son casos distintos, pero podría decir sin temor equivocarme que estamos listos y preparados para hacer una defensa eficaz en todo el territorio de los Estados Unidos y la cancillería tiene la responsabilidad de coordinarlo, de manera que si se empiezan a dar éstas deportaciones estaremos informando todos los días y si es necesario me voy a Estados Unidos para encabezar la defensa de nuestros connacionales”, afirmó.
Al hacer un balance sobre las acciones implementadas como parte de plan migratorio, el secretario Ebrard informó que actualmente hay alrededor de 14 mil migrantes centroamericanos en México que han sido devueltos por Estados Unidos en tanto concluye su proceso de solicitud de asilo.
Para todos ellos, dijo, se ofrecen hasta 3 mil fuentes de empleo. De ellas 327 ya se han ocupado.
Acompañado de parte de loa funcionarios que participan en este plan para regular el flujo migratorio, como el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, Ebrard informó que durante la reciente reunión del G20 logró incluir en la declaración conjunta el tema de la migración para pugnar que sea ordenada y que pueda brindarse apoyo al plan para Centroamérica.
Adelantó que a finales de julio los presidentes de México y Honduras se reunirán para anunciar la ayuda que otorgará nuestro país de 30 millones de dólares para promover diversas acciones que permitan arraigar a la población a sus comunidades y evitar que migren.